NORTEADO (RIGOBERTO PEREZCANO)

Película mexicana que muestra la travesía de Andrés originario del Estado de Oaxaca en busca del sueño americano, el protagonista llega a la ciudad de Tijuana en la cual tendrá diversas experiencias en su búsqueda de cruzar la frontera.

El Estado mexicano se constituyó con la finalidad de brindar bienestar social a todos los mexicanos que decidieron religarse para librarse del sometimiento de la monarquía española y consolidar su identidad nacional que le permitiera desarrollarse como Estado nación que cubriera sus necesidades. El objetivo para el cual fue creado el Estado mexicano en poca medida se ha cumplido, cuenta de ello es la necesidad que se refleja en el norteado que abrumado por la falta de trabajo y de oportunidades que le permitan ofrecer una vida digna mexicana como muchos mexicanos deciden aventurarse para cruzar la frontera con el Estado americano para intentar cambiar su realidad sin importar que pueda morir en el intento.

¿Será que el Estado mexicano ha fracasado en el intento de ofrecer una mejor forma de vida a los mexicanos?, la migración masiva que se da hacia la unión americana es un reflejo de que nuestro país no responde en la actualidad a las necesidades de muchos mexicanos. ¿Qué ocurrió con las promesas de la modernidad y la creación del Estado Nación?, basta recorrer algunos municipios de los estados mexicanos para percatarnos que la promesa de la modernidad nunca llegó y ante la desesperación de sus pobladores han decidido emigrar.

¿Podrá el Estado mexicano continuar con su desarrollo con una integración en su población tan disímil?, las autoridades tendrán consciencia de la complejidad del problema que enfrentan y estarán dispuestos a establecer políticas públicas y programas de gobierno que den solución a los problemas de la realidad del pueblo mexicano que buscan en muchos de los casos sobrevivir mandando remesas a los que se quedan en sus lugares de origen, se tiene detectado que los ingresos por envío de dinero de los migrantes mexicanos representa el segundo medio de ingresos para el Estado mexicano.

Ahora ya no sólo es un problema de dinero sino de desintegración familiar, abandono de la tierras de cultivo y de las demás actividades agrícolas que en todas aquellas regiones se llegaron a desarrollar, aun cuando hubieran políticas de desarrollo sustentable en los estados de la república difícilmente se pueden llevar a cabo cuando no hay población con quien emprender estos proyectos, existe una urgencia por atender las necesidades sociales.

El panorama no se muestra alentador y las políticas de gobierno hasta ahora no han dado solución, por ello seguirán los mexicanos cruzando ríos, desiertos, montes y saltando muros, si el gobierno no ha sido capaz de atender el problema, como sociedad civil en nuestras actividades cotidianas ¿qué podemos hacer?

LA BATALLA CONTINÚA

El día de ayer cinco de mayo se conmemoró el 148 aniversario de la Batalla de Puebla en la que el ejército mexicano encabezado por el General Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas francesas el 5 de mayo de 1868 en territorio mexicano, en esta ceremonia el Presidente de la República pronunció un discurso del cual deseo rescatar los párrafos que a continuación se transcriben:

“…Hoy aspiramos a que en el devenir de nuestra historia presente y futura, cada mexicana, cada mexicano pueda no sólo seguir ejerciendo, sino ejercer a plenitud su libertad y sus derechos: libertad para expresar sus ideas, libertad para desarrollar sus actividades económicas y sociales, libertad para vivir en paz y tranquilidad, sin que ningún poder de facto o de jure cancele con su violencia esas garantías.
La lucha que actualmente los mexicanos sostenemos, es una lucha, precisamente, para enfrentar y superar los desafíos de nuestro tiempo. La lucha que ahora encabezan las instituciones es, precisamente, por preservar la libertad. Es, precisamente, por preservar y acrecentar la justicia. Es, precisamente, por fortalecer la soberanía nacional y poder establecer a plenitud el Estado de Derecho, sin el cual no hay libertades, no hay justicia y no hay progreso.
La lucha que actualmente sostenemos los mexicanos, por cierto, no es sólo y quizá ni principalmente para combatir el narcotráfico, sino para combatir en su integridad al crimen organizado, que desde la amenaza y la violencia busca someter a las autoridades y someter a los ciudadanos a sus intereses.
Nuestra lucha es para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias, es para hacer prevalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional…”
“…Se trata de hacer valer al Estado, cuya independencia en este año conmemoramos. Se trata de hacer valer, mediante la fuerza legítima del Estado, que no hay otra autoridad, que no hay otra ley y que no hay otra fuerza, en ningún punto del territorio mexicano, que la autoridad, la ley y la fuerza legítima del Estado y de las autoridades electas, precisamente, por ese pueblo.
Toda proporción guardada, como en los tiempos de Juárez, el Estado Mexicano sigue siendo baluarte de la legalidad, y es quien tiene el mandato constitucional, la obligación indeclinable de preservar la ley, de preservar el orden, y de preservar la seguridad.
Y como bien lo dijera el Benemérito de las Américas al derrotar definitivamente al invasor: El bienestar y la prosperidad de la Nación sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte.
Así lo decía Benito Juárez hace casi un siglo y medio.
El combate que los mexicanos libramos en contra del crimen es por la libertad y la justicia de México y, por eso, habremos de sostenerlo; por eso, no sólo vale la pena seguir adelante, sino hay que seguir adelante hasta alcanzar una victoria; una victoria que, con el apoyo del pueblo y con la fuerza del Estado, las instituciones habremos de alcanzar…” 1

El Estado mexicano como otros ha tomado como un gran pilar de su conformación el imperio de la ley que construya un Estado de Derecho en el que se respeten y cumplan las leyes por todos sus integrantes, lo anterior, con la finalidad de garantizar el bienestar de los mexicanos, en este sentido es una obligación y no una simple aspiración el que el pueblo mexicano ejerza en plenitud su libertad y sus derechos para expresar sus ideas, desarrollar sus actividades económicas y sociales, vivir en paz y tranquilidad, sin que ningún factor interno o externo trasgreda o limite los derechos que como seres humanos a todos los mexicanos corresponden.

Nuestro mandatario señala que nos encontramos en la lucha por establecer a plenitud el Estado de derecho por medio de la fuerza legítima del Estado para preservar la ley, el orden y la seguridad, resulta evidente dada la realidad en la que se encuentra el país que en esta lucha poco se ha avanzado, por otra parte es claro que no es una lucha de un sólo hombre sin que se cuestione su capacidad para gobernar, se requiere del respaldo de las instituciones y del establecimiento de políticas públicas encaminadas a enfrentar estos problemas.

En tales circunstancias nos preguntamos si existe la capacidad de los funcionarios públicos de alto nivel para generar e implementar estas políticas públicas que permitan resolver los problemas económicos, políticos y sociales que prevalecen en nuestro país, la situación actual sin razonar mucho nos responde que no los hay.

El Estado nacional mexicano no está cumpliendo con el fin para el cual fue creado, desde luego no es una tarea solo del poder ejecutivo existe una corresponsabilidad de los poderes legislativo y judicial, aquél que crea las leyes y el que se encarga de hacerla efectivas a través de su aplicación efectiva en los tribunales, el estado con sus tres poderes conforma una unidad en la cual estos tres elementos deben encontrarse interrelacionados de forma coherente para garantizar el ejercicio en plenitud de sus gobernados.

La aspiración de alcanzar el Estado de derecho en el cual se cumpla con la fuerza normativa de la Constitución y las leyes que de ella se derivan debe convertirse en una realidad y dejar de ser buenos deseos, para ello se requiere de capacidad de excelencia en los gobernantes, la cual según el estado de cosas actual se ha demostrado que no existe, requerimos de mexicanos capaces que asuman con fuerza y compromiso las responsabilidades que demandan los cargos públicos, es momento de la rendición de cuentas para alejar a todos aquellos superhombre que consideran estar haciéndole con su simple presencia un favor a las instituciones, es necesario como en toda batalla seleccionar y posicionar a los mejores hombres sin importar su origen o color partidista, con la única finalidad de emprender una lucha sería desde todos los campos de acción y enfrentar la problemática en la que vivimos.

Si los gobiernos, federal y locales a través del correcto ejercicio de la función pública logran alcanzar bueno resultados, con seguridad se sumara como en otras batallas ha ocurrido, la sociedad civil para que desde sus actividades que desarrolla coadyuve a establecer y respetar el tan anhelado Estado de derecho que la situación actual demanda.

Sólo de esta manera se podrá recobrar la confianza en las instituciones y se impulsara que cumplan con el fin para el cual fueron creadas, con mejores gobernantes se obtendrán óptimos resultados y se generara mayor participación ciudadana convencida que su bien estar no solo se encuentra en las actividades desarrolladas por las autoridades, sino que también dependerá de lo que la sociedad haga o deje de hacer.

1. Consultado en http://www.presidencia.gob.mx/movil/index.php?contenido=56134, el 6 de mayo de 2010.

Acceso a la información gubernamental, y la obligación de transparencia

El desarrollo del sistema jurídico en la modernidad ha generado nuevos derechos en beneficio de los gobernados como lo es el acceso a la información gubernamental y la obligación de transparencia, ello con la finalidad de que los gobernados puedan conocer con datos ciertos el desarrollo de la actuación de la autoridad, para ello se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que regula los mecanismos para ejercer este derecho.

La posibilidad de tener acceso a la información gubernamental es un derecho que aun no se ha aprovechado por la falta de la participación ciudadana, éste puede ser un mecanismo que bien empleado puede ser útil para requerir rendición de cuentas a las autoridades, se puede obtener información diversa desde saber cuánto se gastó en la compra de unas toallas para los pinos hasta información especializada, con la limitante de que no se encuentre reservada o tenga el carácter de confidencial lo cual ya nos limita bastante, se debe tener racionalidad en el ejercicio de este derecho y solicitar información que sea valiosa porque también se dan casos en los cuales se distrae a la autoridad de sus actividades en requerimiento de información sin importancia o en ocasiones se presentan requerimientos para tareas de escuela y en otras se requiere información a la autoridad que no es generada como es solicitada, en este sentido es conveniente no hacer un uso indiscriminado de este derecho y si emplearlo como una herramienta que nos permita allegarnos de información para fiscalizar la actuación de la autoridad y poder demandar el ejercicio correcto de sus facultades y cumplimiento de sus obligaciones.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y entró en vigor del 12 de junio del 2003, la ley está integrada por cuatro títulos, a saber: Título Primero Disposiciones comunes para los sujetos obligados; título Segundo: Acceso a la información en el Poder ejecutivo Federal; Titulo Tercero: Acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal, Titulo Tercero: Acceso a la información de los demás sujetos obligados; Título Cuarto: Responsabilidades y Sanciones.

Como sujetos obligados se encuentran los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier órgano federal, se obligan de esta forma a todos los órganos e instancias de carácter federal.

En la Ley se define la información que se considera reservada y confidencial, la protección de datos personales; se precisan de manera detallada los procedimientos de acceso a la información en la Dependencias y entidades de las Administración Pública Federal, para lo cual los titulares correspondientes tendrán que designar Unidades de enlace e integrar comités de información que de manera ágil propicien el acceso a la información solicitada y que se susceptible de ser entregada, una vez cubiertos los requisitos y procedimientos del caso.

Por lo que hace al procedimiento que se debe seguir la ley establece que el interesado por su propio derecho o a través de su representante legal debe dirigir su solicitud de información a la unidad de enlace mediante escrito libre o en los formatos aprobados por el IFAI, dicha solicitud debe contener los datos siguientes:

El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;
La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y
Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

En el caso de que los datos proporcionados no sean claros la unidad de enlace esta en posibilidades de requerir al solicitante o para que aclare o aporte mayores datos para identificar la información dentro de un término de diez días hábiles de haberse presentado la solicitud.

La autoridad tiene un término de veinte días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para dar respuesta, en la cual deberá precisar el costo y la modalidad en la cual entregará la información.

• Si no resulta favorable el otorgamiento de la información solicitada el particular se encuentra en posibilidad de interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace debe remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.
  
  De igual manera la ley estable que el recurso de revisión también procede en los siguientes casos:
  
  La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;
• 
  La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;
• El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o
  
• El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud.
  
  Si no se emitiera respuesta en el plazo señalado, se tendrá por resuelta la petición en sentido positivo, opera la positiva ficta, por lo que la entidad quedará obligada a dar acceso a la información en un periodo no mayor a los 10 días hábiles, teniendo la obligación el solicitante de cubrir los costos generados por la reproducción del material informativo, salvo que el Instituto determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales.
  
  En cuanto a la obligación de Transparencia, como ya se mencionó los sujetos obligados son; Los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier órgano federal.

Conforme al artículo 7 de dicha ley los sujetos mencionados se encuentran obligados a dar acceso a la información con la que cuenten excepto aquella que se encuentra clasificada como reservada o confidencial; comprendiendo la siguiente:

• Su estructura orgánica;
• Las facultades de cada unidad administrativa;
• El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes;
• La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
• El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
• Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;
• Los servicios que ofrecen;
• Los trámites, requisitos y formatos.
• La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución.
• Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
• El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;
• Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos;
• Las contrataciones que se hayan celebrado
• El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;
• Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;
• En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y
• Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
  

Dicha información debe de estar disponible al público a efecto de que puedan obtener la información de manera directa, esta obligación se cumple poniendo a disposición del solicitante la información que solicita o se le expiden copias certificadas de la misma.

Asimismo, el artículo 63 del mencionado ordenamiento establece como causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento a las obligaciones previstas por la ley las siguientes:

• Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
• Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley.
• Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;
• Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Comité, el Instituto, o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;
• Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;
• Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, y
• No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.
  
  La responsabilidad que se determine es sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y es independiente a la que se pudiera configurar en el orden civil y penal.
  

FUNNY GAMES (MICHAEL HANEKE)

Respecto a esta película del género de suspenso desearía emplear la exclamación "SIN PALABRAS", en la actualidad la realidad es dura y complicada sin que exista un consenso de que así deba ser, el grado de violencia en nuestro país ha desarrollado en los habitantes un grado extremo de insensibilidad emocional ante los eventos que ocurren, lo cual es un mecanismo de defensa para evitar la preocupación y el sufrimiento, día a día en los medios de comunicación electrónicos e impresos se nos informa los hechos violentos que ocurren en diversas partes del país ante los cuales reaccionamos cada vez de manera natural e indiferente con el deseo de que no nos ocurra a nosotros o a algún ser querido.

Esta obra cinematográfica pone aprueba el grado de insensibilidad emocional de las personas de cualquier ciudad que viva con violencia, no es recomendable para personas sensibles y cardiacos puede resultar sumamente desagradable y aun más sin sentido, considero que hay poco que rescatar de este filme en relación con los temas abordados en el curso de teoría jurídica contemporánea por lo que aquí termina mi comentario.

GARANTÍAS SOCIALES

Garantías Sociales

La clasificación de las garantías individuales tradicionalmente no incluye a las sociales, sin embargo, estas tienen una importancia que va en crecimiento, son diversos autores los que las incluyen dentro de sus estudios. Las garantías sociales surgen como necesidad de que el Estado protegiera a ciertos grupos o sujetos en determinada condición para alcanzar una igualdad frente a la clase social dominante. Para el maestro Burgoa estas garantías implican una relación jurídica entre los sujetos en condiciones desfavorables y aquellos en mejor posición frente al Estado dentro de un proceso productivo.

Las garantías sociales buscan proteger al individuo como componente de la sociedad para su mejor desarrollo y mejor defensa de la libertad humana.

Para Diego Valadés las garantías sociales son “…las disposiciones constitucionales que establecen y regulan los derechos y prerrogativas de la sociedad en general o de grupos humanos en especial, conforme a criterios de justicia y bienestar”. 1

Las garantías sociales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela, aún cuando no existe consenso respecto a su ubicación, consideramos son las siguientes:

Artículo Garantía social tutelada
3° Derecho a la educación
4° párrafo tercero cuarto y quinto
1) Derecho a la salud
2) Derecho a un medio ambiente adecuado
3) Derecho a la vivienda

21, párrafos quinto y sexto Derecho a la seguridad pública
27, 1) Propiedad de los bienes nacionales y del Estado del agro mexicano
123, Los derechos laborales y de seguridad social

1. - Valadés, Diego. Garantías Sociales, en VV.AA., nuevo diccionario jurídico mexicano, t. 2, México, Porrúa, UNAM, 2001, p. 1804.

GARANTÍAS DE PROPIEDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

Garantías de Propiedad

Las garantías de propiedad defienden el derecho del gobernado a usar, disfrutar o disponer libremente de alguna cosa que le pertenece. Lo anterior presupone que se trate de un objeto material y que el mismo sea jurídicamente apropiable y que la disposición que se haga de esté contemplada en los marcos y limitaciones que la Ley señalen. La Constitución mexicana señala en su artículo 27, las diversas modalidades que adquiere el derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico.

Garantías de Seguridad Jurídica

La palabra seguridad deriva del latin “seguritas-atis” que significa cualidad de seguro o certeza, así como cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y consecuentemente la previsibilidad de su aplicación. 1

Las garantías de seguridad jurídica se refieren a que dentro de un Estado de Derecho, las relaciones entre gobernantes y gobernados deben adquirir siempre un estricto apego a los dictados de la Ley partiendo del clásico principio jurídico de que la autoridad sólo puede hacer aquello que la Ley le permite expresamente; contrariamente, los gobernados pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido por la Ley. Sus propósitos pueden expresarse de manera sintética como tendientes al aseguramiento de que en nuestro orden jurídico haya vigencia, justicia y eficacia para beneficio de todos los gobernados.

La Suprema Corte de Justicia en relación con estas garantías, se pronunció en el siguiente sentido:

“…Las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución general de la República son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano por tal motivo estas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefensión.”2


Los artículos constitucionales que tutelan garantías de seguridad jurídica son:

Artículo Garantía de seguridad jurídica tutelada
8°, Derecho de petición
14 1) Garantía de irretroactividad de la Ley
2) Garantía de audiencia
3) Garantía de exacta aplicación de la Ley
4) Garantía de legalidad en materia civil
16
1) Garantía de autoridad competente
2) Garantía de mandamiento escrito en el que se funde y motive la causa legal para cometer un acto de molestia contra un particular.
3) Garantía de detención por orden judicial.
17
1) Nadie puede hacerse justicia por propia mano.
2) Garantía de la expedita y eficaz administración de justicia.
3) No procede la prisión por deudas de carácter puramente civil
18
Prisión preventiva sólo es válida contra delitos que merezcan pena corporal.
19
Requisitos del autor de formal prisión
20
Garantías de los inculpados, las víctimas y los ofendidos por un delito
21
1) Imposición de las penas es propia de la autoridad judicial
2) Al ministerio Público le compete la investigación y persecución de los delitos
22
Está prohibida la aplicación de penas inusitadas o trascendentales y la pena de muerte
23
1) Ningún juicio penal puede tener más de tres instancias
2) Nadie puede ser juzgado por el mismo delito
3) Se prohíbe la práctica de absolver de la instancia

Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. Tomo II, 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 2040.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9ª época, T. IX, mayo de 1999 de 2002, p. 285.

LAS GARANTIAS DE LIBERTAD E IGUALDAD

En relación con la clasificación de las garantías individuales el Dr. Jorge Carpizo señala que la Constitución mexicana de 1917 contiene una declaración de garantías individuales, la cual puede ser clasificada entres grandes rubros; las garantías de igualdad, las garantías de libertad y las garantías de seguridad jurídica, nosotros agregariamos de acuerdo a otros tratadistas las de propiedad, por ahora nos acupáremos de las dos primeras.

Garantías de libertad

Entendemos por libertad la capacidad del hombre para decidir por sí mismo sobre su vida, su persona, sus actos, sus relaciones, así como sus objetivos y sus metas a alcanzar. Entonces tenemos que las garantías de libertad aseguran la capacidad jurídica para el actuar libre del hombre en sociedad, dentro de los propios marcos de la ley, la cual debe garantizar su ejercicio pleno.

Para el maestro Burgoa, las garantías de libertad son un conjunto de derechos públicos subjetivos para ejercer sin vulnerar los derechos de terceros, libertades específicas que las autoridades del Estado deben respetar, y que no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución. 1

En México las garantías de libertad se encuentran consagradas en diversos artículos constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Colección “Garantías Individuales” las ha identificado de la siguiente forma:

Artículo Libertad que otorga o prohibición que impone
1°, segundo párrafo Prohibición de la esclavitud
2°, apartado A Autodeterminación de los pueblos indígenas
3°, Libertad de educación
4°, segundo párrafo Libertad de procreación
5°, Libertad de trabajo
6°, Libertad de expresión
7°, Libertad de imprenta
9°, Libertad de asociación y de reunión
10°, Libertad de posesión y portación de armas
11, Libertad de tránsito
15, Prohibición de extraditar reos políticos
24, Libertad religiosa
28, Libertad de concurrencia en el mercado

Garantías de Igualdad

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra igualdad deriva del latín “equalitas”, -atis, significa conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad, o cantidad, así como correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo, el propio diccionario alude a la igualdad ante la Ley, y señala que es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. 3

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre el principio de igualdad en los siguientes términos:

El principio de igualdad o equidad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno. Es decir, a través de la equidad se busca colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos superiores protegidos, constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, aunque ello no significa que todos los individuos se encuentren siempre y en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, pues dicho principio se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual o injustificado. 4

Las garantías de igualdad pueden definirse como los derechos públicos subjetivos que toda persona puede oponer a los órganos del Estado, a fin de recibir un trato acorde con la situación jurídica en que se encuentren, evitando así situaciones discriminatorias basadas en características irrelevantes para los supuestos contemplados en las leyes.

Demostrado por la experiencia histórica, la necesidad de garantizar, entre otros derechos, la igualdad de los hombres ante la Ley, el constitucionalismo mexicano se dedicó a proteger la igualdad existente entre todos los mexicanos.

Para lograr la convivencia social en el marco del imperio de las leyes y el rechazo a la discriminación por motivos como la raza, el sexo, la religión entre otros, el poder constituyente, sin olvidar la evolución en el plano internacional ha tenido el principio de igualdad, se ha dedicado a velar por la igualdad jurídica mediante reformas y adiciones al texto constitucional a fin de garantizar el justo trato igualitario que los hombres merecen. 5

Las garantías de igualdad se encuentran establecidas en los siguientes artículos:

Artículo Garantía de igualdad tutelada
1°, Igualdad jurídica para cualquier persona en el territorio
2°, apartado B Igualdad para la comunidades indígenas y eliminación de la discriminación
4° Igualdad del varón y la mujer
5°, primer párrafo Igualdad para el ejercicio de cualquier trabajo
12 Impedimento para conceder títulos nobiliarios o prerrogativas u honores hereditarios
13 Declara abolidos los fueros, enjuiciamiento igualitario, no tribunales especiales
31, fracción IV Igualdad contributiva

En virtud de todo lo expuesto, las garantías de igualdad aseguran que todas las personas sean tratadas ante la Ley sin distinción de raza, sexo, posición económica, religión o por el hecho de ser diferente.

Uno de los más grandes logros humanos es sin duda, la igualdad de todos frente a la Ley, sobre todo ante las prácticas históricas de esclavitud, castas o estamentos que diferenciaron a los hombres por situaciones de dominación.

1. Burgoa Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. 33ª ed., México, Porrúa, 2000. p. 309.

2. Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las garantías de libertad. Colección “Garantías Individuales”, núm. 4, México, 2005, p. 27 y 28.

3. Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. Tomo II, 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 1248.

4. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9ª época, T. XVI, diciembre de 2002, p. 226.
5. Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las garantías de igualdad. Colección “Garantías Individuales”, núm. 3, México, 2005, p. 33 y 34.